“De esta manera de proteger la impunidad de la monarquía estamos viendo que se está poniendo en crisis a la Agencia Tributaria porque se acepta una regularización que no se aceptaría para ninguna otra persona. Se está poniendo en peligro la credibilidad de la Fiscalía porque manda unos decretos que no hay a dónde llevarlos. Se está cuestionando a la Corte Suprema cuando se presentan denuncias que tienen indicios claros de un delito y se está cuestionando al Congreso de los Diputados cuando los abogados no nos dejan discutir la estructura del Estado”, denunció.