El IPC rebota hasta el 8,7% y desactiva las medidas de choque del Gobierno

Economía

Hasta la fecha, el Gobierno ha puesto sobre la mesa 6.500 millones de euros de recursos públicos en bonificaciones, ayudas públicas y bonificaciones para intentar contener la espiral alcista de los precios y, según la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda , María Jesús Montero, está dispuesta a pagar hasta 12.000 millones durante todo el año en su intento de
amortiguar el impacto de la inflación en hogares y empresas.

La información sobre la evolución de los precios que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) viene asegurando que tan fenomenal esfuerzo presupuestario apenas ha servido hasta ahora para evitar que el IPC supere el 10% y que el pasado mes de abril cayera. del 9,8% al 8,3%, al calor de la entrada en vigor de las medidas de choque aprobadas por el Gobierno, con la bonificación de 20 céntimos al precio de las gasolinas y el gasóleo como medida estrella.

La expectativa de que esta caída de abril marcara el inicio de una tendencia a la baja en el IPC se ha hecho esperar. El avance de datos publicado ayer por el INE estima que la inflación subió en mayo hasta el 8,7% desde el 8,3% que marcó durante el mes anterior y, lo que es más preocupante, revela un firme crecimiento de la tasa subyacente, que ignora los elementos más volátiles de la inflación. el índice, como el precio de la energía y los alimentos frescos, y que en mayo ya se situó en el 4,9% tras una escalada que parece no tener fin.

El INE atribuyó ayer este repunte de mayo, tras una subida mensual de los precios del 0,8%, a la subida del precio de los carburantes y los alimentos elaborados, que habría más que compensado la ligera tendencia a la baja del precio de la electricidad.

Efectos de segunda ronda

Los analistas, sin embargo, aprecian en el dato de mayo la primera prueba contundente de que las empresas ya han comenzado a trasladar con decisión a sus precios minoristas los mayores costes que soportan desde hace meses por la subida de las materias primas, la factura energética o los contratos de transporte.

El balance difundido ayer por el equipo de analistas de Caixabank aseguraba que “los altos precios de la energía han seguido repercutiendo en el resto de componentes de la cesta de consumo, al aumentar los costes de transporte y producción. En este sentido, la atención se centra cada vez más en los alimentos y los componentes ‘centrales’ de la canasta de consumo». Un panorama que, según la institución, anuncia que aunque el índice general se moderará en los próximos meses, el núcleo duro de la cesta de la compra seguirá encareciéndose durante «unos meses más», lo que seguramente añadirá presión a la negociación salarial.

Productos que se han vuelto más caros en 2022

Tasa mensual en porcentaje

Datos hasta abril

Productos que se han vuelto más caros en 2022

Tasa mensual en porcentaje

Datos hasta abril

El Banco de España dibujó un panorama similar. El director de Economía y Estadística de la institución, Ángel Gavilán, aseguró ayer en Sevilla que la expectativa de la institución es que tendrá que revisar a la baja su previsión de inflación para el año, desde el 7,5% actual, pero por el contrario tendrá que subir esa de la inflación subyacente. La traducción es que el índice estadístico que mide los precios, que se toma como referencia, por ejemplo, para actualizar las pensiones, a razón de 1.700 millones de euros de sobrecoste por cada punto del IPC, será más fluido de lo esperado, pero eso Los Productos que forman el núcleo duro de la cesta de la compra española van a encarecerse más de lo previsto, lo que puede tener efectos negativos sobre el consumo.

El Banco de España dijo otra cosa. Que la política del Gobierno debe ir encaminada a proteger la renta de los más vulnerables y no con rebajas fiscales generales, como las que se han adoptado para abaratar la factura de la luz de los ciudadanos, sino con otro tipo de medidas más quirúrgicas dirigidas a colectivos vulnerables, por ejemplo, mediante una reducción temporal de la carga del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

medidas en cuestión

La ineficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la inflación y el elevadísimo coste presupuestario que suponen para un país al que la Comisión Europea acaba de advertir de la alta vulnerabilidad de sus cuentas públicas pone a prueba la eventual prórroga de estas a partir del 30 de junio.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ya ha avanzado que el Ejecutivo analiza el alcance de las medidas adoptadas para determinar su posible ampliación o, en su caso, su corrección para intentar hacerlas más eficientes.

En el punto de mira, la bonificación general de 20 céntimos por litro de gasolina que estableció el Gobierno el pasado 1 de abril, cuya aplicación ha sido un foco permanente de problemas y que ha sido cuestionada por analistas e instituciones como el Banco de España y la Fiscalía. Autoridad de Responsabilidad por su alto coste presupuestario y su falta de finura, ya que reduce el precio del combustible para todos los consumidores por igual y, según el Banco de España, beneficia más a las rentas más altas que a las más bajas.

La medida pareció tener un efecto inmediato en abril, cuando el IPC cayó del techo del 9,8% que había marcado en marzo al 8,3%, pero el repunte de la inflación en mayo y la sospecha de que el bono no solo ha animado la demanda sino ha acabado siendo absorbida y reflejada en precio en las estaciones de servicio que la han puesto en entredicho.

El consenso de los analistas es que el IPC seguirá en niveles similares al actual hasta julio o agosto y se espera que luego comience a caer, acercándose al 2% en 2023. También asumen que existe un riesgo creciente de que la inflación continúan las presiones.

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